La norma parece sencilla. Mientras el gallinero no supere los 5 metros cuadrados y tenga menos de 1,80 metros de altura, no hay problema. Las gallinas escarban tranquilamente, no hay papeleo que rellenar y no se paga nada. Pero en cuanto la estructura se vuelve un poco más sustancial —por ejemplo, un modelo espacioso, un techo algo más alto, un espacio donde las aves puedan estirar las alas sin tocar el techo— la cosa se complica. Se aplican impuestos sobre gallineros. O, más precisamente, el impuesto urbanístico. Hay que presentar una declaración en el ayuntamiento y, según las dimensiones, puede que incluso haya que solicitar una licencia de obras. No para un palacio de lujo, sino para un gallinero.
¿Hasta dónde puede llegar la administración?
Lo sorprendente es que muchos criadores de gallinas se quedan completamente perplejos al descubrir esto: rara vez se menciona al comprar un gallinero. Sin embargo, todo está claramente estipulado en la normativa. En cuanto el gallinero tenga entre 5 y 20 metros cuadrados, se requiere una declaración previa. Si supera los 20 metros cuadrados, es obligatorio obtener un permiso de construcción. Aquí es donde entra en juego la estricta lógica del Código de Ordenación Urbana, que prácticamente no distingue entre un cobertizo y un gallinero. Ya sea para entretener a los niños o para reducir la huella de carbono, una vez que se superan los límites establecidos, se aplican los mismos procedimientos que para cualquier otra construcción auxiliar.
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